Caso SeNaSa: Operación Cobra y los procedimientos médicos facturados

El mayor caso de corrupción en la salud pública de República Dominicana no se limita a contratos y sobornos. Según el Ministerio Público, la red acusada de saquear el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) usó también la medicina como herramienta: procedimientos que no se necesitaban, tratamientos que nunca se hicieron y miles de autorizaciones médicas irregulares³⁶⁸. Todo lo que sigue son acusaciones de la fiscalía, no hechos probados en juicio; los imputados tienen derecho a la presunción de inocencia. Pero los detalles importan a cualquier médico que trabaje con una ARS.

Cronología del caso SeNaSa: de la crisis financiera a la Operación Cobra

En junio de 2025 se denunció públicamente un déficit en SeNaSa, y el 28 de junio el Colegio Médico Dominicano informó atrasos en los pagos a profesionales y clínicas privadas¹. El presidente Luis Abinader destituyó a Santiago Hazim el 13 de agosto; la Dirección General de Contrataciones Públicas anuló el contrato de SeNaSa con Farmacard S.R.L. el 15 de agosto; el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó RD$6,000 millones para cubrir el déficit el 9 de septiembre, y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) inició una auditoría técnica¹. La noche del 6 de diciembre, tras 12 allanamientos, fueron arrestados Hazim, su sobrino, el médico Rafael Martínez Hazim, el empresario Eduardo Read y otros imputados¹².

Procedimientos médicos innecesarios: qué dice la acusación

Antes de la audiencia de medida de coerción, la Procuraduría sostuvo que los imputados habrían realizado procedimientos sin justificación a asegurados, especialmente pensionados, incluidos «más de cinco cateterismos o sesiones de radioterapia», «únicamente para justificar costos»³. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, fue gráfica: «A una sola persona se le hicieron más de cinco procesos de cateterismo sin necesitar solo uno», y calificó el hecho de «absolutamente criminal»; añadió que se investiga si esa sobreexposición a procedimientos innecesarios pudo costarle la vida⁴.

Según la acusación descrita por Acento en enero de 2026, los procedimientos facturados y no realizados se concentraron en oncología, cardiología y diálisis: más sesiones de radioterapia y quimioterapia, «la colocación de stents coronarios innecesarios», hemodiálisis facturada a nombre de personas fallecidas, cirugías de piel por lesiones inexistentes o de tamaños irreales, y endoscopias y colonoscopias a pacientes sin síntomas ni riesgo que las justificaran⁶. Los hallazgos se apoyan en reportes de Sisalril y del Sistema Dominicano de Seguridad Social⁶. Reynoso dijo que «hay múltiples centros de salud que están bajo investigación»⁵.

La subred de las 4,363 autorizaciones

Una línea paralela apunta al departamento de autorizaciones médicas. Ángel Luis Guzmán Vásquez, auxiliar de ese departamento entre marzo de 2021 y noviembre de 2022, fue arrestado la noche del 24 de abril de 2026 cuando intentaba salir del país hacia Boston; el juez Rigoberto Sena le impuso 18 meses de prisión preventiva y declaró el caso complejo⁸. Según la fiscalía, su red procesó 4,363 autorizaciones irregulares entre enero de 2021 y febrero de 2025, con un perjuicio estimado de RD$41,125,551.02⁸.

Prisión preventiva, acusación formal y Cobra 2.0

El 14 de diciembre de 2025 un juez impuso 18 meses de prisión preventiva a Hazim y otros imputados⁶⁷. El 5 de febrero de 2026, la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó la medida y rechazó la excepción de inconstitucionalidad planteada por la defensa; el director de Persecución, Wilson Camacho, anunció «la versión 2.0 de la Operación Cobra»⁷. A finales de julio, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, aseguró que la acusación formal se depositaría en plazo, con cargos que incluyen desfalco y lavado de activos⁹¹⁰. El 5 de agosto, Hazim y otros imputados retiraron su pedido de variar la prisión preventiva, tras casi ocho meses presos¹¹.

La segunda fase llegó el 18 de septiembre de 2026: la «Operación Cobra 2.0-A» incluyó 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, con 45 fiscales y unos 200 agentes, y dejó al menos 28 arrestados¹². Según la nota, la operación busca procesar a médicos y prestadores de servicios de salud por asociación criminal, entre otros cargos como prevaricación, cobro de soborno, estafa contra el Estado, falsificación y lavado de activos¹².

Por qué el caso importa a los médicos dominicanos

La literatura muestra que el uso inapropiado de procedimientos no es un problema exclusivo de fraude. En un registro de 500,154 angioplastias coronarias en Estados Unidos, casi todas las indicadas en cuadros agudos fueron apropiadas, pero el 11.6 % de las no agudas se clasificó como inapropiado, con gran variación entre hospitales¹³. La diferencia en el caso SeNaSa, según la fiscalía, es la intención: procedimientos indicados o facturados para cobrar³⁶. Para el médico honesto, la lección práctica es documentar la indicación de cada procedimiento y desconfiar de esquemas que premian el volumen.